Polis Facta

Bienvenidos a Polis Facta, espacio donde abordamos psicológicamente la contingencia política nacional e internacional desde una mirada fenomenológica y analítica. Profundizaremos los hechos actuales, sus narrativas y paradojas, buscando estar a la altura de estos.

Polis Facta analiza la contingencia política desde la psicología profunda y la fenomenología. No toma posición ideológica — toma posición psicológica.

Lo que proyectamos sobre un muro rayado

El INDH advierte que sancionar los rayados puede criminalizar la expresión artística. El gobierno responde que romantiza el vandalismo. Antes de tomar partido, vale la pena preguntarse qué hace un muro rayado tan difícil de mirar con calma.

Carlos SpoererPolis Facta5 min de lectura
Muro cubierto de grafitis, stickers y mensajes superpuestos en distintos colores
Cada capa se escribió encima de la anterior. Nadie preguntó qué había debajo.

Un informe de 24 páginas que el INDH envió a la Cámara de Diputados sostiene que el proyecto de Registro de Vándalos, al sancionar rayados y dibujos no autorizados en bienes públicos o privados, puede alcanzar "formas de expresión artística, cultural y política" protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. El ministro de Seguridad respondió que el INDH "vuelve a romantizar el vandalismo". El ministro de Cultura agregó que confundir arte con daño "empobrece el debate". La oposición defendió la observación técnica; el oficialismo pidió la salida del director del organismo. En un par de días, una minuta jurídica de veinticuatro páginas se convirtió en otro capítulo de la guerra de trincheras a la que ya nos tiene acostumbrados la contingencia nacional.

Lo que me interesa no es dirimir quién tiene la razón jurídica, sino algo anterior: por qué un muro rayado, un objeto tan pequeño y tan cotidiano, logra activar una discusión tan desproporcionada. La pista está, curiosamente, en la comparación internacional que la propia polémica dejó en un segundo plano.

¿Qué tan severas son, realmente, las sanciones que Chile discute?

Hoy el rayado no autorizado se sanciona en Chile como daño a la propiedad: multas de 270 mil a 450 mil pesos y penas de entre 61 días y tres años de cárcel. El proyecto en discusión endurece eso, sí, pero no inventa una anomalía. En Alemania y en el Reino Unido las multas por grafitis pueden llegar a cinco millones de pesos chilenos, con penas de cárcel de hasta seis meses. En Estados Unidos, además de la multa, se exige participar en programas obligatorios de limpieza. En Singapur, junto con la cárcel y la multa, la pena contempla azotes. Ninguno de esos países integra la lista de democracias que el debate público chileno suele citar como ejemplo de autoritarismo en materia de expresión.

Ese dato no resuelve el debate jurídico de fondo —la técnica legislativa del proyecto chileno puede ser, en efecto, imprecisa, y el propio INDH terminó aclarando que no se opone a que existan sanciones—. Pero sí dice algo distinto: que la severidad punitiva, por sí sola, no es lo que en democracias comparables se entiende como el umbral de la criminalización de la expresión artística. Si ese umbral fuera solo la dureza de la pena, Alemania estaría más cerca de esa frontera que Chile. Y sin embargo, nadie —ni la prensa alemana ni ningún organismo internacional de derechos humanos— describe esas leyes como una amenaza a la libertad de expresión.

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Cada vez que la contingencia política lo amerite, la analizamos desde la psicología profunda. Sin ideología. Con preguntas.

Lo que sí parece variar de un país a otro no es la ley, sino el relato que la ley activa. En Chile, un artículo sobre rayados se lee, casi automáticamente, en clave de octubre de 2019: como continuidad o como cierre de ese ciclo, según quién lo mire. El muro dejó de ser solo un muro hace tiempo. Es una superficie sobre la que el país entero parece proyectar la pregunta que no ha terminado de responder: qué hacer con lo que ese estallido significó, con lo que costó, con lo que cambió y con lo que no.

Cuando un objeto tan pequeño activa una reacción tan grande, casi siempre es porque dejó de ser solo ese objeto.

Desde la psicología profunda, esto tiene un nombre relativamente preciso: proyección. No en el sentido coloquial y algo desgastado que la palabra tiene en el debate público, sino en el sentido técnico: la operación psíquica por la cual algo propio —una tensión, una culpa, un miedo, una parte de la propia historia que no ha sido metabolizada— se deposita en un objeto externo, que pasa entonces a cargar con un significado que excede por completo su tamaño real.

El ministro que ve en un rayado la prueba de que "el orden" sigue amenazado no está evaluando centímetros cuadrados de pintura sobre cemento. Está viendo, comprimida en ese gesto, la posibilidad de que lo de 2019 vuelva a ocurrir. El organismo que ve en la sanción a un rayado el fantasma de la criminalización de la disidencia no está leyendo solamente el artículo 486 bis del Código Penal. Está leyendo, superpuesta a ese artículo, una historia larga de organismos de derechos humanos presionados, cuestionados y, en algunos períodos de la historia reciente, con buenas razones para desconfiar del Estado. Ambos tienen una historia real detrás de la proyección. Ninguno de los dos está, en sentido estricto, discutiendo únicamente sobre rayados.

Klein describió esto como escisión: la tendencia psíquica a dividir la experiencia en un objeto completamente bueno y un objeto completamente malo, cuando la ansiedad que despierta sostener la ambivalencia —la posibilidad de que algo sea, a la vez, arte y daño, protesta legítima e intervención sobre lo ajeno— resulta demasiado alta para tolerarla. La escisión no es un error de quienes debaten. Es lo que ocurre, casi automáticamente, cuando un tema toca una herida colectiva no resuelta: el terreno se vuelve binario porque sostener el matiz, en ese momento, se siente insostenible.

Es más cómodo, psíquicamente hablando, decidir que el otro romantiza el vandalismo o que el otro criminaliza la disidencia, que quedarse con la pregunta más incómoda y más precisa: ¿dónde termina la expresión artística legítima y dónde empieza el daño a lo que le pertenece a otro? Esa pregunta no tiene una respuesta que sirva como bandera. Por eso rara vez es la que efectivamente se discute.

Nada de esto está dicho para restarle importancia al debate legislativo, que es legítimo y necesario, ni para insinuar equivalencia entre las partes; hay asimetrías de poder reales entre un ministerio y un organismo autónomo, y esas asimetrías importan. Lo que quiero señalar es otra cosa, quizás más incómoda: que la intensidad emocional con que Chile discute sus rayados no proviene principalmente del rayado. Proviene de todo lo que todavía no hemos terminado de procesar sobre lo que pasó en nuestras calles hace algunos años, y que un muro pintado —cualquier muro, en cualquier esquina— sigue teniendo la capacidad de reactivar en cuestión de horas.

¿Podemos, como país, sancionar o no sancionar un rayado sin que la conversación se convierta automáticamente en un juicio sobre octubre de 2019 completo?

No lo sé. Pero mientras no podamos, cada muro va a seguir funcionando como pantalla, y vamos a seguir discutiendo entre nosotros sin terminar de mirar, del todo, lo que en verdad tenemos rayado.

Carlos Spoerer es psicólogo clínico y autor. Polis Facta es la sección de UpToYou que analiza la contingencia política desde la psicología profunda y la fenomenología. Más en uptoyou.cl
Fuentes: Ex-Ante (14 de julio de 2026), informe del INDH a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades; declaraciones del ministro Martín Arrau y del ministro Francisco Undurraga; aclaración pública del INDH sobre el alcance de sus observaciones; y comparación internacional de sanciones por grafitis publicada por La Tercera en base a un estudio de Hopes&Fears.